Se declara juicio nulo (mistrial) en el caso de Lindsay Clancy en Massachusetts tras la falta de unanimidad del jurado. La audiencia clave se fijó para el 29 de septiembre.
Un doloroso expediente que conmocionó a los Estados Unidos sobre la salud mental y las tragedias familiares vuelve a colocarse en el centro del debate legal: el caso de la enfermera Lindsay Clancy, acusada de quitarle la vida a sus tres pequeños hijos en enero de 2023.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Duxbury, Massachusetts. Lindsay, una enfermera de partos de 32 años, presuntamente habría aprovechado un breve lapso en el que su esposo salió a recoger la cena para asfixiar a sus tres hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, un bebé de apenas 8 meses. Posteriormente, la mujer intentó quitarse la vida al arrojarse desde una ventana del segundo piso de su domicilio, sufriendo lesiones irreversibles en la columna que la dejaron paralizada de por vida, por lo que hoy enfrenta el proceso penal desde una silla de ruedas y bajo custodia en un hospital psiquiátrico.
Desde el primer momento, este trágico suceso abrió un intenso combate en las salas de justicia. Por un lado, la fiscalía ha sostenido desde el inicio que se trató de un crimen fríamente calculado, argumentando que la procesada alejó a su esposo intencionalmente para llevar a cabo el acto, por lo que exigió la pena máxima por el delito de homicidio en primer grado.
Por el otro lado, la defensa ha argumentado imputabilidad mermada por una severa psicosis posparto no diagnosticada a tiempo, acompañada de alucinaciones auditivas y un cóctel de fármacos psiquiátricos recetados semanas antes del incidente.
A casi tres años de desahogo de pruebas y peritajes médicos, el proceso judicial alcanzó un punto muerto de enorme complejidad técnica. Tras varias semanas de juicio oral y siete días de deliberaciones a puerta cerrada, el tribunal declaró un mistrial o juicio nulo. El jurado no logró la unanimidad requerida para emitir un fallo, quedando la votación dividida 11 a 1, debido a que un integrante del panel se negó a considerarla penalmente responsable por su estado de salud mental.
Por el momento, la imputada continuará recluida en una institución psiquiátrica mientras las autoridades determinan si reprograman un nuevo juicio o si abren la puerta a un acuerdo entre las partes. La justicia tiene fijada una audiencia clave para definir la ruta procesal el próximo 29 de septiembre. Un expediente sin veredicto que reabre el debate sobre dónde termina la enfermedad mental y dónde comienza la responsabilidad penal.
