¿Abuso o confusión? El caso del estadounidense capturado en Bogotá da un giro tras declaraciones de Petro. Analizamos los detalles de esta polémica. ¡Entérate!
La indignación y la alerta máxima se han apoderado de Bogotá tras conocerse un escandaloso y perturbador caso que involucra la seguridad de la infancia. Un ciudadano de nacionalidad estadounidense llamado Grant Gail fue capturado en supuesta flagrancia en el exclusivo barrio Chicó Navarra, de la localidad de Usaquén, al norte de la capital, por presuntos actos de abuso sexual contra un menor de apenas cuatro años.
Lo que parecía aberrantes hechos se registraron en un apartamento residencial de alquiler por días ubicado en un cuarto piso. Allí, más de diez testigos presenciales, vecindario y transeúntes horrorizados, presenciaron y grabaron desde la calle las conductas que el extranjero realizaba a la vista de todos en el balcón del inmueble, desatando gritos de reclamo de la comunidad para que detuviera la agresión antes de que este ingresara al menor de tan sólo 4 años de edad a la vivienda.
La tensión en la zona fue total. Ante las alertas ciudadanas, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un operativo inmediato en el edificio. Al ingresar al apartamento del cuarto piso, las autoridades encontraron que el ciudadano estadounidense no estaba solo; se encontraba en compañía de su esposa y, de acuerdo con los reportes oficiales, de otra mujer que aparentemente es la madre biológica de alguno de los pequeños que se hallaban en el lugar.
En total, tres menores de edad que estaban bajo el entorno del extranjero fueron puestos a disposición de las autoridades por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos y trasladados a un centro hospitalario para valoraciones médicas y peritajes forenses.
El extranjero, al ser detenido, estuvo a punto de ser linchado por los hombres presentes de no ser por las mujeres que crearon una valla para asegurarse de que llevara vivo a los separos.
Según una testigo, permitieron al a supuesta madre biológica subir a la ambulancia acompañando a los menores, cuando según lo que mencionaron, debía ser detenida como sospechosa o cómplice de los acontecimientos. También aseguró que ninguna persona del Instituto colombiano del bienestar subió para acompañarlos.
Por otro lado, otra mujer que presenció el fatídico hecho, aseguró que el hombre tenía los pantalones abajo, y que prácticamente estaba abusando del menor.
Respecto a las últimas actualizaciones, el panorama judicial avanzó a paso firme pero bajo estricta reserva técnica. El sospechoso estadounidense permanece retenido y a disposición de fiscales especializados en delitos sexuales, enfrentando cargos por acto sexual abusivo con menor de catorce años.
Paralelamente, fuentes judiciales han confirmado que el niño captado en las imágenes ya fue sometido a entrevistas forenses en el transcurso del día bajo la modalidad de cámara de Gesell con acompañamiento psicológico donde al parecer, el menor comentó que el hombre se había molestado por un juguete y que lo llevó al balcón para tranquilizarlo.
Lo que la población no esperaba, fue el giro que dio todo este caso, pues, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una publicación tumbando las primeras acusaciones
“Debo notificar a la sociedad a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en una apartamento del norte de Bogotá, al aparecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia».
Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano al estadounidense que al parecer solo quiso adoptar niños y niñas colombianas”
Si bien las primeras indagaciones y valoraciones de Medicina Legal arrojaron de manera preliminar algunos resultados negativos en los exámenes físicos periciales, las autoridades locales y la Procuraduría General de la Nación mantienen una prioridad absoluta sobre el caso, asegurando que se recolectarán todos los elementos probatorios y testimonios de los vecinos para esclarecer por completo el alcance de las agresiones y definir la situación jurídica del extranjero.
