Una fuerte polémica ha estallado en México tras las declaraciones de la senadora y expresidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, quien reconoció públicamente el sacrificio de miles de caninos durante su gestión (2019-2024). Sin embargo, una investigación periodística reciente sugiere que la magnitud de la matanza es 40% mayor a lo admitido inicialmente.
Lo que la senadora calificó como «decisiones difíciles bajo protocolos legales», activistas y ciudadanos lo denuncian como una masacre sistemática sin precedentes en el Estado de México.
Las cifras de la discordia: El desmentido de Imagen Noticias
Aunque Gutiérrez afirmó inicialmente que la cifra rondaba los 10,962 animales, una investigación de Imagen Noticias reveló discrepancias alarmantes entre el discurso de la senadora y los libros de control interno del municipio:
| Año | Cifra reportada por Gutiérrez | Cifra real (Libros de control) | Diferencia |
| 2020 | 526 | 2,526 | +2,000 |
| 2023 | 2,778 | 3,690 | +912 |
| 2024 | 2,877 | 3,026 | +149 |
| Total Gestión | ~10,000 | 14,023 | +4,000 aproximadamente |
El dato más escalofriante de la investigación señala que, bajo su administración, 9 de cada 10 perros que ingresaban al centro de control animal recibían la eutanasia, logrando colocar en adopción apenas a mil ejemplares en cinco años.
¿Protocolo o crueldad? La justificación oficial
Mariela Gutiérrez ha defendido estas acciones argumentando que se realizaron bajo normas oficiales y protocolos legales. Según su postura, los animales sacrificados:
- Presentaban enfermedades terminales o estaban «desahuciados».
- Vivían en situación de abandono extremo.
- Representaban un riesgo para la población por comportamiento agresivo o ataques previos a vecinos.
La senadora insistió en que la información difundida ha sido «descontextualizada» y que no hubo crueldad, sino una gestión ante la crisis de sobrepoblación animal que afecta al municipio.
Consecuencias legales: La Fiscalía entra en acción
La presión social no ha sido en vano. La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) ha iniciado una investigación de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal. El objetivo es determinar si los procedimientos químicos y los criterios de selección para la eutanasia cumplieron realmente con las leyes de bienestar animal vigentes.
Este caso ha dejado de ser una simple polémica política para convertirse en un símbolo de la precariedad en las políticas de protección animal en México, donde la esterilización y la adopción parecen ser la última opción frente al sacrificio masivo
