Indignación en 2026 por la sentencia en el caso de Leyla Montserrat Lares en Sonora. Solo 2 años de cárcel para las responsables de su muerte. ¿Hubo justicia?
El caso de Leyla Montserrat Lares, una joven de apenas 15 años originaria de Sonoyta, Sonora, representa una de las crónicas más desgarradoras de la violencia juvenil en México. Todo comenzó el 25 de septiembre de 2025, cuando Leyla fue engañada por dos de sus supuestas amigas, menores de 13 y 15 años, quienes la citaron en el ejido El Desierto con el pretexto de darle una sorpresa. El trasfondo del crimen, según las investigaciones de la Fiscalía de Sonora, estuvo marcado por el acoso escolar y conflictos sentimentales derivados de celos.
Una vez en el lugar, las agresoras inmovilizaron a Leyla, le vendaron los ojos y la asfixiaron. La crueldad del acto no terminó ahí; las jóvenes grabaron el crímen con un teléfono celular. Este video se convirtió en una pieza clave de la tragedia cuando, días después de los hechos, comenzó a circular entre los habitantes de la comunidad hasta llegar a manos de la familia de la víctima.
Fue a través de esas imágenes como la madre de Leyla, Carmen Becerra, pudo confirmar el horror que había sufrido su hija. El cuerpo de la joven fue localizado semanas después, enterrado en el patio de una vivienda y cubierto con cal para acelerar su descomposición, lo que obligó a la familia a recibir un ataúd cerrado sin poder darle un último adiós.
La justicia llegó en abril de 2026, pero trajo consigo una profunda indignación social. Debido a que las agresoras son menores de edad, fueron juzgadas bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La joven de 15 años recibió una sentencia de solo dos años y diez meses de internamiento, mientras que la menor de 13 años fue condenada a apenas once meses de libertad asistida.
La traición: Engañada por sus propias «amigas»
Además, se fijó una reparación del daño moral de 5,657 pesos mexicanos, una cifra que la familia calificó como una burla, considerando que los gastos funerarios superaron los 30,000 pesos.
Actualmente, el caso ha reavivado el debate nacional sobre la necesidad de reformar las leyes para adolescentes en delitos de extrema gravedad, mientras la familia de Leyla sostiene que la sentencia no es justicia, sino un permiso para que las responsables retomen sus vidas en poco tiempo.
